Comisión de Valores: expertos proponen elevar sanciones por uso de información privilegiada

El mercado de capitales chileno ha hecho noticia en el último tiempo. Y no precisamente por buenas razones: escándalos a nivel corporativo, como el caso Cascadas, las acusaciones contra el empresario Juan Bilbao y el financiamiento irregular de campañas políticas de parte de Penta y SQM, han minado la confianza en el mercado de valores chileno, contexto que volvió a poner en el debate las facultades de los organismos reguladores para anticiparse a estas situaciones.

En este escenario, ayer el grupo de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda entregó sus propuestas para perfeccionar el proyecto de ley que transforma la actual Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) en una Comisión de Valores y Seguros, un órgano colegiado con una estructura similar a la del Banco Central.

El grupo -presidido por el abogado Luis Cordero e integrado por Matías Larraín, Guillermo Tagle y Fernando Coloma- enfocó sus sugerencias a endurecer el rol del organismo fiscalizador y elevar las sanciones a los involucrados en eventuales delitos contra el mercado de valores.

Una de las principales recomendaciones que se desprende del informe de 49 páginas es establecer una serie de inhabilidades temporales para ejercer los cargos de directores y ejecutivos para los sancionados por delitos grave.

Según el escrito, dicha sanción afectaría a quienes incurran en manipulación de precios o uso de información privilegiada, ambos delitos perseguidos en dos de los casos más bullados en el mercado en los últimos años: Cascadas y la venta de acciones de CFR de parte de Juan Bilbao, respectivamente.

Asimismo, se aconseja que el fiscal de la comisión -que será designado por Alta Dirección Pública- pueda ejercer medidas intrusivas en el marco de su investigación, como ingresar y allanar recintos privados, incautar objetos y documentos, intervenir las comunicaciones de las empresas y ordenar el acceso a información de operaciones sujetas a secreto bancario.

Como incentivo a los comisionados -que el grupo propone sean designados por el Ejecutivo previa votación del Senado-, se propone que sus remuneraciones se acerquen a las de los consejeros del Banco Central, además de incluir una dedicación exclusiva en el cargo. Esto último es una innovación respecto al proyecto de ley enviado por la administración Piñera, que consideraba solo tiempo completo para el presidente de la instancia.

Incentivos a denunciantes e inhabilidades de comisionados
Los expertos también proponen mejorar el mecanismo de delación compensada, para que quienes se autodenuncien de eventuales delitos en la etapa sancionatoria de los procesos obtengan beneficios en la etapa de enjuiciamiento criminal, tipificada como una atenuante objetiva calificada.

Adicionalmente, los expertos proponen la creación de un programa de recompensa a los informantes.

"Con todo, el grupo destaca la importancia de abordar lo antes posible una revisión integral de nuestro sistema de multas y responsabilidad administrativa, con el objetivo de de establecer un marco normativo coherente con el triple objetivo de disuadir infracciones, facilitar la compensación de víctimas y fomentar el enforcement privado", reza el escrito.

Respecto a los comisionados, los expertos recomiendan establecer una prohibición de dos años desde que dejen la instancia para que no puedan postular a algún cargo de elección popular. El mismo período se establecerá para que el comisionado saliente no pueda ejercer dentro de una compañía o sector que estuvo bajo su supervisión.

En este lapso recibirá una remuneración equivalente al 80% de aquella que percibía cuando se desempeñaba en su cargo.

En la actualidad, dicho margen de restricción está acotado a apenas seis meses para los funcionarios públicos.

Los plazos del Ejecutivo
A la salida de la entrega formal del informe, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, planteó que el 21 de mayo es la fecha límite para que el Ejecutivo presente indicaciones al proyecto de ley -hoy en el Senado- sobre la base de las recomendaciones de la comisión de expertos.

"Estoy absolutamente seguro de que con este impulso y trabajo transversal, avanzaremos con la celeridad que requieren los tiempos, en un fortalecimiento institucional, para justamente dar también señales de optimismo y de confianza en el mercado de capitales en Chile", afirmó el secretario de Estado.

Por su parte, el presidente de la instancia, Luis Cordero, manifestó que espera que varios de los planteamientos sean considerados en las indicaciones. "Esta es una propuesta sobre la cual existe consenso desde 2008. Las propuestas se concentraron fuertemente en garantizar la independencia de la comisión, fortalecer el perímetro regulatorio y fortalecer las competencias relacionadas con los procedimientos sancionatorios", señaló el abogado.

Las ideas para mejorar el funcionamiento de las bolsas

No sólo propuestas para mejorar el proyecto que transforma la SVS en una Comisión de Valores y Seguros fue el foco del grupo de expertos convocado por Hacienda, presidido por Luis Cordero e integrado por Matías Larraín, Fernando Coloma y Guillermo Tagle. La instancia también sugirió una serie de medidas para mejorar la competencia en las bolsas de valores locales, entre las cuales destaca la posibilidad de crear un único organismo autorregulador de los intermediarios -corredores de bolsa, agentes de valores y bancos- y emisores de valores, "que cuente con un gobierno corporativo que dé confianza en cuanto a una adecuada resolución de los conflictos de interés en el ejercicio de su función".

Este es un punto relevante, dado que la Bolsa de Comercio de Santiago -principal plaza bursátil del país- ha estado en el foco de las críticas debido a potenciales conflictos de interés considerando que los accionistas del centro bursátil son las mismas corredoras que intermedian los valores, a lo que se agrega los cuestionamientos por su nivel de autorregulación a propósito de casos como Cascadas o la compra de acciones de CFR de parte de Juan Bilbao (a pesar de que esta posible infracción se cometió en EEUU y no en el mercado chileno).

"Aún cuando se han introducido mejoras en materia de regulación bursátil, es opinión del grupo de trabajo que es necesario avanzar más decididamente en esta línea, para efectos de promover mejores prácticas y un funcionamiento eficiente del mercado. Frente al escenario actual, resulta necesario establecer reglas que permitan elevar los estándares de gobierno corporativo, aumentar la transparencia, identificar adecuadamente los riesgos y conjugar de mejor manera el funcionamiento de las bolsas con las funciones del regulador", dice el informe.

También el grupo plantea otorgar "plenas facultades" para que la comisión de valores autorice la cotización y transacción diaria en bolsa de acciones de sociedades no inscritas.

Asimismo, los expertos recomiendan entregar a la comisión las facultades para determinar las circunstancias en las que sería innecesario que las bolsas implementen exclusivamente sistemas continuos de subasta pública.

En forma adicional, se busca evaluar la pertinencia de mantener la obligación de que las plazas bursátiles inscriban las acciones de las sociedades anónimas abiertas.

Por último, los expertos señalan que es factible otorgarle a la comisión las facultades de establecer condiciones bajo las cuales las acciones de sociedades anónimas abiertas se pudieran intermediar fuera de bolsa.

indicaciones a tarjetas de prepago

En el tradicional almuerzo de coordinación entre el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, y los senadores y diputados de la Nueva Mayoría pertenecientes a las comisiones de Hacienda de ambas cámaras, el Ejecutivo fijó plazos para la agenda legislativa de corto plazo.

El 21 de mayo es el plazo límite para que el gobierno presente indicaciones al proyecto de ley que permite la emisión de tarjetas de prepago para entidades no bancarias.

El proyecto lleva más de un año sin avance legislativo en la comisión de Hacienda de la Cámara y es trabajado en conjunto por Teatinos 120 y el Ministerio de Economía.

Asimismo, el 21 de mayo también será la fecha clave para que el gobierno envíe al Parlamento el proyecto para fortalecer el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), iniciativa que está a la espera de las propuestas que hará la comisión Engel en la materia.

La idea es desligar en lo posible el ciclo político del proceso de contratación de los altos cargos directivos del Estado.